El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas, dando así cumplimiento al decreto de Zurbano, en el que se fijó un plazo de tres meses para acometer estos cambios.

El Real Decreto aprobado  supone la simplificación  de las obligaciones documentales, eliminando las obligaciones de documentación exigidas en el reglamento del Impuesto sobre Sociedades cuando las operaciones vinculadas no sobrepasen los 250.000 euros, y ello con independencia del tamaño de la empresa y del carácter interno o internacional de las operaciones. Esta nueva regulación liberará a una gran mayoría de las empresas de reducida dimensión de cumplir con las obligaciones formales relacionadas con las operaciones vinculadas que realicen en su actividad empresarial habitual.

Pero esta regla general tiene excepciones. Así, esta exoneración no será efectiva cuando dichas operaciones se formalicen con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, con personas físicas que tributen bajo el régimen de estimación objetiva o en aquellos supuestos en los que se transmitan negocios, carteras, inmuebles o se realicen operaciones con intangibles.

Dicha exoneración se extenderá también a las operaciones que se realicen entre agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas (UTEs) para cualquier operación que realicen con una entidad del mismo grupo fiscal al que pertenezcan sus miembros.

También será efectiva para las entidades de crédito integradas a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP), en las operaciones que tengan relación con el cumplimiento del referido sistema.

Los ingresos del Estado se han caído fuertemente como consecuencia de la crisis económica, es decir, bajada del consumo, menos renta, menos beneficios empresariales...  lo que se traduce en menos ingresos a través de los impuestos indirectos, el IRPF o del Impuesto de Sociedades. Ante esta situación, el Estado aumenta el gasto público para compensar esta situación con acciones como el Plan E o el pago de los subsidios por desempleo. Todo esto junto con otros factores producen un detarminado resultado: una deuda pública enorme.

Con la subida del IVA lo que se pretende es reducir el déficit público lo más rápidamente posible. De esta forma, el IVA ha subido del 16% al 18%. El tipo reducido de este impuesto también aumenta del 7% al 8%. También la tributación de las rentas de capital aumentará del 17% al 19%.

¿En qué se traduce esta subida? Todo costará alrededor de un 2% más. Pero existe una excepción en los productos de primera necesidad, ya que el IVA que se les aplica del 4% no variará.

Pero los mayores perjudicados por esta subida serán los consumidores con rentas medias ya que la subida del IVA se traslada de modo íntegro a los precios. Es probable que se produzca una disminución de la renta real en muchas familias, con el peligro de que esta circunstancia frene el consumo, influyendo sobre las decisiones de gasto y ahorro de los hogares. Subir el IVA podría suponer un freno en el gasto de los hogares y de las empresas.

Entre los productos afectados por la subida del tipo general se encuentran, por defecto, todos los productos y servicios, lo que incluye electrodomésticos, ropa, calzado, tabaco, bricolaje, servicios de fontanería y vehículos, entre otros. Éste es también el caso de la electricidad, los combustibles, el gas natural y el butano.

Por su parte, el aumento al 8% del tipo reducido afecta principalmente a los alimentos en general, el transporte, los servicios de hostelería, las entradas a espectáculos, los servicios funerarios, las peluquerías, dentistas, viviendas y complementos para el diagnóstico o alivio de enfermedades, entre otras cosas.

De esta forma uno de los sectores más afectados por la subida  será el turismo, ya que el incremento afecta a los precios de los viajes, los alojamientos y todos los servicios de hostelería.

Pero los consumidores no son los únicos afectados ya que, también, la subida afecta negativamente a los autónomos y pequeños empresarios que, si no quieren perder clientes, no podrán repercutir la subida en el precio de sus productos.