Medidas impopulares contra la inmigración

A nivel mundial los inmigrantes, ya sean legales o ilegales, empiezan a sufrir los rigores del desempleo y de las medidas legales que están tomando los gobiernos para deslastrarse del peso económico y social que éstos significan.

La coordinadora de la organización no gubernamental Entre soles y lunas, que trabaja para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), alertó que "ya han comenzado los retornos de inmigrantes sin nada, y nadie estaba preparado para que ocurriera, y menos los países de los que salieron. Y esa situación está provocando un gran daño social en países y familias que recibían cantidades importantes de dinero, pero que aún así no han resuelto su pobreza".

La expulsión de indocumentados se ha incrementado de manera significativa. Cifras proporcionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) señalan que en el año fiscal de 2008, que concluyó el 31 de octubre, se registró un aumento de más de 25% en las expulsiones de indocumentados: un total de 356.739, publicó la cadena británica BBC.

Mientras tanto el Gobierno francés prohíbe la ayuda a los indocumentados e impone cuotas de arrestos de quienes intentan hacerlo, en su campaña para controlar la inmigración clandestina. El objetivo de este año es 5.000 arrestos, acotó AP.

A su vez España tiene en ejecución el Plan de Retorno Voluntario, pero la aceptación por parte de los inmigrantes legales no ha sido mayoritaria.

En diciembre del pasado año sólo 767 trabajadores extranjeros han querido acogerse al Plan de Retorno Voluntario, que les permite cobrar el paro de forma anticipada y acumulada si se comprometen a no regresar a España en tres años.

Al menos 37% de las personas que han presentado solicitud durante este mes pertenecen a la construcción; 31% a actividades inmobiliarias y alquiler de servicios a empresas (incluido servicio doméstico), 9% a comercio y 8% a hostelería.

El programa afecta a los nacionales de los países no comunitarios con los que España tiene convenios de seguridad social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Rusia, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Estados Unidos, Ucrania, Uruguay y Venezuela.